Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Tiene por finalidad el establecimiento de un sistema de relación entre las personas y la Administración pública y demás sujetos obligados, fundamentado en el conocimiento de la actividad pública, la incentivación de la participación ciudadana, la mejora de la calidad de la información pública y de la gestión administrativa, la garantía de la rendición de cuentas y la responsabilidad en la gestión pública, con el objetivo final del desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena y la mejora de la calidad de gobierno.

Esta ley fue modificada por la Ley 1/2024, de 8 de julio, de creación de la figura del Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia. 

Ley 1/2024, de 8 de julio, de modificación de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La necesidad de reducir el aparato administrativo que reclaman los ciudadanos para dotarlo de mayor agilidad justifica la revisión de las normas establecidas en su día en relación al control de las obligaciones de transparencia y derecho de acceso a la información pública, sustituyendo el Consejo de la Transparencia por un órgano unipersonal que pueda gestionar y resolver con mayor facilidad y eficiencia las peticiones que se planteen en esta materia.

Ámbito estatal

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo.

Parlamento Europeo

DIRECTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 20 de junio de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.

Tiene el fin fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación de los productos y servicios, estableciendo un conjunto de normas mínimas que regula la reutilización y los dispositivos prácticos destinados a facilitar la reutilización de documentos conservados por organismos del sector público.